japay

dinero en gotas

Yo, Gerardo Antonio Martínez Espina, co- propietario del predio # 478 de la calle 72 entre 53 y 55 del Barrio de Santiago, Colonia Centro, hago la siguiente denuncia: Hace casi dos meses recibí un recibo de la JAPAY por la cantidad de $2’612.00 pesos. Acudí a la institución para revalidar lo absurdo del cobro ya que, desde hace años, mis recibos siempre han llegado a al margen de los 50 a los 71 pesos de promedio por bimestre. A efecto de verificar la existencia de una fuga, me fue enviado un técnico que constató -incluidas pruebas de cierre y aperturas de llaves- que no existe fuga aparente. Incluso, el mismo técnico, reconoció que el consumo indicado en el recibo serviría para llenar, diariamente, 2 albercas olímpicas…

Regresé a la JAPAY y volvieron a preguntarme si había reparado la “fuga”. Les pregunté si habían recibido el informe técnico donde claramente señalaba que en mi predio no había fuga. Me respondieron que sí, pero que estaba obligado a pagar el consumo. Ante la inexistencia de un dictamen lógico, acudí a PROFECO con el fin de recibir ayuda ante tal abuso. La institución me dio una cita para conciliar al cual acudió el Licenciado Manuel Santos, contratado por la JAPAY, quien de entrada y sin titubeos dijo que el recibo debía ser pagado. Comentó además que ya había un nuevo adeudo por la cantidad de $7’800. Ambos cobros suman más $10’000 pesos por un consumo exagerado e ilógico de agua.

El Licenciado de la PROFECO, Gaspar Yama Cab, alegó que debía revisarse el medidor y que para tal efecto debía ponerme de acuerdo con el abogado de JAPAY. Manuel Santos indicó que el medidor se verificaría, ante mí, en un laboratorio de la misma JAPAY. Le pedí que la revisión fuese hecha por una instancia y técnicos neutrales que no estuviesen contratados por la institución. Insistieron en llevar el medidor para probarlo en sus oficinas y obligarnos a seguirles en taxi, en las afueras de la Ciudad, que fue interpretado por nosotros como una manera de disuadirnos de llevar a cabo dicha prueba. También pedimos al abogado Manuel Santos que se llevara a cabo una inspección técnica de nuestra tubería, con costo de aprox. $ 400, ésta nunca se ha dado y aún en la espera.

Me di cuenta, después de la cita, que, según las leyes internas de la Japay, el paso siguiente debía ser el cambio de medidor y no llevar el nuestro para revisión, lo que me lleva a pensar que tanto la Japay como la Profeco fallaron en reconocer mis derechos por no asesorarme como se debía. Además, salí de esta cita con la impresión neta de que la Profeco había tomado la defensa de la Japay a cuesta de asesorarme debidamente.

El día Miércoles 16, del mes en curso, llegó el abogado, junto con otro técnico, para llevar el medidor. Cuando le dije que el paso era de poner un nuevo medidor, el licenciado puso en su informe que me negué a la realización de la prueba. Expresó además que el caso estaba cerrado. Insistí en unidad privada que inspeccionara el medidor y Manuel Santos alegó que así no se hacían las cosas con la JAPAY. Ante mi insistencia de que según sus leyes, había primero que poner un nuevo medidor, además de llevar a cabo el análisis de detección de fugas que ya habíamos autorizado en la cita con PROFECO, el abogado me confirmó que así se iba a hacer pero que previamente necesitaba el acuerdo de sus jefes y a la fecha no se ha comunicado conmigo, como me lo prometió. Furioso, le dije que esto era un abuso de autoridad y que no estaba actuando con lógica ni con deseos de conciliar. Respondió que yo no podía alzarle la voz porque soy un “extranjero” y que debía realizar el pago o habría consecuencias. Ante la abierta muestra de xenofobia pregunto ¿cómo es posible que una institución pública ataque a un ciudadano por su condición migratoria? Yo, al igual que muchas personas, hemos venido a Mérida para invertir y generar cambios y empresas. ¿Será que estos cobros descomunales y absurdos de servicios ocurren con todos los extranjeros, que por su condición migratoria se ven obligados a someterse a esta clase de abusos y chantajes? La situación prosigue sin que nadie haga nada al respecto y a medida que pasan los días la solución se ve más pesada y burocráticamente enredada. Dicho sea de paso, el día 17 de mayo de 2012, contraté a un técnico privado para inspeccionar todas las unidades de cisternas, tuberías e instalación de la casa. La persona constató, nuevamente, que no existen fugas y que es absurdo el consumo señalado en el recibo considerando el tamaño de las tuberías y la baja presión que tiene el sistema de agua potable de Mérida. Al respecto se han involucrado en el caso Diputados, que no han hecho nada al respecto y por el contrario he sentido que inclusive mis números de teléfonos han sido intervenidos sin ninguna razón. Es un caso que se ha convertido, a la altura de hoy, en toda una pesadilla.

A pesar del sentido común, la JAPAY insiste: el pago debe realizarse. Siento que nuestros derechos se han violentado.

Mi contacto:

Casa: 928 29 62

Mail: valmares2@yahoo.com