tomado, con permiso, del blog de Mark Santiago

http://meridaescondido.blogspot.com/

Después de la inauguración de EPN, viajaremos a España por una semana para visitar familia. Un tío me dio conocer de lo siguiente, que con orgullo comparto con todos mis miles de lectores en México:

El País Semanal de Madrid revela las cartas que los republicanos españoles enviaron a la embajada de México en París solicitando asilo al triunfar el dictador Francisco Franco. Durante la Segunda Guerra Mundial, México salvo a más de 45,000 españoles, franceses y judíos huyendo el fascismo en el Continente Viejo.

Siguen extractos de las cartas enviadas por los republicanos españoles solicitando asilo en México.

» Carlos Sala Franqueza, 48 años, Alicante (Champs du Bigné). “Sr. Embajador: Mil perdones por escribirle con lápiz (…) No tenemos tinta más que para escribir el sobre, debido a que no disponemos de moneda francesa y la española no la quieren (…) Dentro de la desgracia, si es que esto lo es, he forjado una ilusión: poder ir a Méjico para ensayar el cultivo del arroz (…) Soy hijo de Pego, donde se cultiva el arroz bomba de tanta fama en España (…)”.

» Miguel Samitier Rodríguez, Campo 13 (Depósito de Intendencia de Saint Cyprien). “No quiero cansarle con mi narración, porque vd. sabrá positivamente qué son estos campos de Concentración. Privados de la libertad. Aquí estoy, sr. Cónsul, esperando el día feliz, que un país quiera recogerme. Mientras tanto espero esa gran felicidad, yo, sinceramente y sonrojándoseme la cara, le pido me envíe algún dinero para poder vestirme”.

» Francisco Seut Vidal, 57 años (Hospital de Greqier, Cotes du Nord). “Sin pensamiento de bolber a mi patria por allar e enbadida por el fascismo ya que alli nos espera la orca o el precidio, pido que semire aber si se me puede dar modo de vida en este pais o trasladarme para Mejico o Rusia ya que en dicho refugio me allo solo sin familia ninguna ya que no tengo la suerte de encontrar a mis 2 hijos que (…) se allan en algun campo de concentracion o refugio de Francia (sic)”.

» Conrado Álvarez, 14 años. “Muy señor mío: me perdonarás en que metome hesta poca de libertá, en pedirle un pasaporte para Méjico. Pues me encuentro solo y le agradecería mucho. Soy agustador en mecánica tengo 14 años. Pues uste vera, quiero ser un hombre i noser el dia de mañana un golfo. Perdoneme y agame este pequeño fabor (sic).”

» Victoriano Allende Simón. “Me encuentro en este campamento en condiciones de vida verdaderamente inhumanas, durmiendo en la arena al aire libre, sin cama ni techo alguno, como miles de españoles que nos hemos jugado la vida defendiendo la democracia del mundo en nuestro país y deseo salir cuanto antes para la gran nación mejicana”.

» Emilio Ruiz. “El campo de concentración, tal como lo han concebido y realizado los franceses, nos inspira poca confianza, por temer que Francia termine por entregar a Franco a los combatientes de la República (…) Elevamos a usted nuestra angustiada súplica”.

» Francisco Ramón Olivar. “Soy un pobre literato, sin otra arma que su pluma y otro ideal que el de expandir la cultura a las mentes de sus hermanos”.

» Salvador Marín. “Nuestras mujeres, que no quisieran caer en manos de los traidores e invasores de España, sufren en los campos de concentración los rigores del tiempo, las vicisitudes propias del exilio y lo que es peor, el trato soez e indecente de la Gendarmería y senegaleses franceses. Compañeros nuestros han muerto de frío y de hambre…”.

» Remedios Manzanares Marlasca y Josefina González (Ambas de 21 años, de la Agrupación de Mujeres Antifascistas y Sindicalistas de la UGT). “Ambas tenemos el firme convencimiento de que nuestra convivencia con el fascismo es imposible y no estamos dispuestas a volver a España”.

» Emilio González. Comandante de Infantería. “Desgraciadamente los que solamente nos hemos dedicado desde pequeños a la carrera de las armas no servimos para otra profesión y por eso con toda franqueza expongo mi situación pues soy hombre curtido en la guerra pero que solo entiendo de esta y no puedo decir que voy a desempeñar otra profesión ni oficio que no entiendo”.

¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!

http://elpais.com/tag/c/9bd6c58eee4150abdfba52bca4df98b8

de Las 25 noticias más censuradas 2010/2011 ¿Estamos al borde de un fascismo mundial generalizado?

Por: Ernesto Carmona / ARGENPRESS.info
Fecha de publicación: 16/10/11

 

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El estadounidense Anuar Al-Aulaki, nacido hace 40 años en Nuevo México, fue asesinado el pasado viernes 30 de septiembre 2011 en el Yemen, por orden de Barack Obama, tras ser declarado terrorista y anunciarse a los medios en abril de 2010 que estaba en una lista presidencial de ejecuciones extrajudiciales. La administración Obama puso reservadamente en ejecución una “idea incompleta” legada por la presidencia de George Bush II que consiste en un programa presidencial internacional de asesinatos “de hecho”. Documentos judiciales, evidencias ofrecidas por Human Rights Watch y un reporte especial de Naciones Unidas alegan que se ha puesto en “listas de la muerte” a ciudadanos de EEUU sospechosos de “animar el terror”. Las listas de la muerte, obviamente, apuntan a estadounidenses musulmanes.
El ex Director de Inteligencia Nacional de Obama, Dennis Blair, almirante retirado, dijo en una sesión del Congreso que el programa estaba dentro de los derechos del Poder Ejecutivo y, por tanto, los contenidos de la “lista de la muerte” no necesitaban ser revelados. Obama se las arregló, en abril de 2010, para quedar en el anonimato, pero envió a sus empleados de la Casa Blanca a recorrer los grandes medios para filtrar su decisión de asesinar al estadounidense Anuar al-Aulaki donde fuera encontrado por la CIA y la noticia fue reproducida como propaganda sin cuestionar la asunción de un poder presidencial sobre la vida y la muerte de los ciudadanos acusados de “terrorismo” sin debido proceso y contra la Constitución.
Por lo menos se sabe de otras dos personas que han sido asesinadas por operativos de la CIA bajo esa orden presidencial. Cuando el programa fue desafiado en una corte de Nueva York, en diciembre 2010, el juez John Bates rehusó acoger la demanda diciendo: “hay circunstancias en que la decisión del Ejecutivo de matar a ciudadanos de EEUU en ultramar está constitucionalmente comisionada a las ramas políticas [del gobierno] y es judicialmente inapelable”.
Las “listas de la muerte” salieron a la luz pública con un enfoque más fundado en la razón y los derechos ciudadanos que en la histeria mediática el 8 de diciembre de 2010, cuando el periodista William Fisher, de la agencia informativa Inter Press Service, reportó que el día anterior el juez Bates rehusó acoger una demanda de Nasser Al-Aulaki respecto a los derechos de su hijo Anuar Al-Aulaki, un clérigo musulmán residente en Yemen y nacido en Nuevo México, que supo de su inclusión en la lista. La judicatura renunció a desafiar la política de Obama de anotar para su futura muerte a ciudadanos de EEUU que están fuera de las zonas de combate y no plantean una amenaza inminente.
El magistrado admitió la "cuestión política” y reconoció “que algo perturbaba su conclusión”. Llamó al caso “único y extraordinario” y dijo que resulta crudo y deja perplejo, pues plantea “cuestiones fundamentales de la separación de poderes que involucran el papel apropiado de las cortes en nuestra estructura constitucional”. Pero en definitiva, rehusó el caso con argumentos procesales y encontró que “deben aguardar otro día los asuntos importantes respecto a los méritos de la autorización alegada de muerte anotada de un ciudadano de EEUU en ultramar".
Marcados para morir
El caso fue llevado a la corte en agosto 2010 por el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, su sigla en inglés) y la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en ingles). Después que el juez acogió la moción del gobierno de sobreseer el caso, el jurista de la ACLU Jameel Jaffer dijo: “Si la sentencia está correcta, el gobierno tiene autoridad irrevocable para realizar matanzas apuntadas de norteamericanos dondequiera que el presidente juzgue que son una amenaza para la nación (…) Sería difícil -añadió- una proposición más inconsistente con la Constitución o más peligrosa para la libertad norteamericana”.
Jonathan Manes, asociado legal del Proyecto de Seguridad Nacional de la Fundación ACLU, le dijo a IPS: “La corte ha limitado drásticamente quién puede acudir a la justicia para desafiar una muerte apuntada antes del hecho. Ha dicho ‘si marcan a una persona para matarla, el estado de la persona apuntada probablemente podría intentar conducir una acción de muerte por negligencia después del hecho’ (…) El problema es que la decisión del juez Bates sugiere que las cortes no tienen ningún papel en la determinación de la legitimidad de una matanza anotada, incluso después de cometida -por ejemplo en un pleito de muerte por negligencia-, incluso si la víctima es un ciudadano de EEUU", dijo. “Según el juez Bates, las reglas que gobiernan la muerte apuntada de ciudadanos se pueden escribir y aplicar en secreto, sin controles independientes en absoluto. Rechazamos la idea que el presidente tenga un poder tan amplio sobre las vidas y las muertes de ciudadanos en el extranjero”.
La ACLU y el CCR fueron requeridos por Nasser Al-Aulaki para iniciar un pleito respecto a la decisión del gobierno de autorizar la inclusión en la "lista de la muerte" de su hijo Anuar Al-Aulaki, ciudadano de EEUU asesinado finalmente el 30 de septiembre 2011. La demanda pidió que la corte dictaminara -fuera del contexto del conflicto armado- que el gobierno puede ejecutar muertes apuntadas de un ciudadano de EEUU solamente como último recurso para frustrar una amenaza inminente para la vida o la seguridad física. El libelo también pidió a la corte ordenar al gobierno divulgar la norma jurídica que utiliza para colocar a ciudadanos de EEUU en listas de la muerte.
El juez no contestó a la pregunta preocupante de los demandados: ¿“Cómo es que se requiere la aprobación judicial cuando el gobierno decide apuntar para su vigilancia electrónica a un ciudadano de EEUU en ultramar, pero se prohíbe el escrutinio judicial cuando EEUU decide a apuntar para su muerte a un ciudadano estadounidense en ultramar?”
Mientras tanto, un juez yemení ordenó a la policía el sábado 4 de diciembre 2010 capturar “vivo o muerto” a Anuar al-Aulaki, a quien el gobierno de EEUU describe como un clérigo musulmán radical que se ha ligado a varios diagramas de terror en EEUU. Lo han vinculado al diagrama de bomba del avión de carga el pasado mes de noviembre, al bombardero de una fábrica de ropa interior de Detroit y puede ser conectado con el bombardeo frustrado de Times Square.
Emplazamiento de HRW a Obama
Otras organizaciones de derechos humanos también están involucrándose en esta controversial batalla judicial. Human Rights Watch (HRW) invitó al presidente Barack Obama “a clarificar inmediatamente [por parte del gobierno] el raciocinio legal para muertes apuntadas”.
En una carta al presidente Obama, Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, dijo que el gobierno “debe contestar a las cuestiones fundamentales de cómo su administración determina si una persona puede ser apuntada”. Añadió: “Tales operaciones pueden ser legales en determinadas circunstancias, pero la ausencia de límites claros violará inevitablemente el derecho internacional y fijará un peligroso precedente para los regímenes abusivos del mundo entero”.
La administración Obama amplió dramáticamente el uso de listas de muerte fuera de los campos de batalla tradicionales que siguieron a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Muchas de estas matanzas son conducidas por la CIA con el uso de los sistemas de aviones sin tripulación de combate, o abejones (drones).
El gobierno de EEUU afirma que, bajo el derecho internacional, tiene autoridad para utilizar fuerza letal fuera de las zonas de guerra bien definidas, porque enfrenta un conflicto armado global con Al-Qaeda y fuerzas asociadas. La carta de Roth a Obama dijo que “la demanda del gobierno de EEUU de que el mundo entero es un campo de batalla en el cual son aplicables las leyes de la guerra, mina las protecciones del derecho internacional. Esta noción desacreditada invita al uso de la fuerza mortal a otros países en situaciones donde EEUU se opondría fuertemente a su uso”.
HRW invitó a Obama a “proporciona mayor claridad en cómo el gobierno de EEUU determina cuando una matanza apuntada en una situación de conflicto armado resuelve los requisitos de la distinción y proporcionalidad bajo las leyes de la guerra y las medidas que está tomando para minimizar daño civil”.
Opinión: Obama supera a Bush
Glenn Greenwald, de http://www.Politics.Salon.com, escribió el 7 de abril 2010:
“Hoy, The New York Times y The Washington Post confirman que la Casa Blanca de Obama ahora autorizó expresamente a la CIA para matar a Al-Aluaki no importa dónde lo encuentren, ni a que distancia esté de un campo de batalla. Escribí largamente sobre los peligros y la anarquía extrema de no prohibir al Ejecutivo el poder de asesinar a ciudadanos de EEUU lejos de un campo de batalla (es decir, mientras están durmiendo, en casa, con sus niños, etc.) y sin el debido proceso de cualquier clase. No repetiré esos argumentos (…) sino que quiero destacar cuan increíblemente orwelliano y tiránico es esto que hoy está a la luz en estos nuevos artículos …
“Ahora, en los Estados Unidos de Barack Obama, la manera de determinar la culpabilidad de los ciudadanos norteamericanos –y la imposición de la pena de muerte– es que el presidente, como piensa el rey que él es, decreta secretamente la culpabilidad de alguien como terrorista. Entonces él despacha a sus asistentes a correr a los periódicos de EEUU –ocultándose cobardemente detrás del escudo del anonimato que él mismo se concede– para proclamar que el culpable será muerto cuando sea visto porque el Líder lo ha decretado así por ser un terrorista. Simplemente, se afirma que Aulaki se ha convertido en un clérigo que expresa opiniones anti-norteamericanas y abogan por hacerlo blanco de un ataque militar estadounidense por terrorista “involucrado en diagramas”. Estos periódicos imprimen, entonces, este veredicto ejecutivo sin preguntar, sin ninguna oposición, ninguna investigación, ninguna refutación en cuanto a su verdad. Y el castigo se decreta así: la CIA ahora asesinará a este ciudadano norteamericano porqu
e Barack Obama ha pedido que así se haga. ¿Qué clase de persona podría justificar esto como posible o pensar que así se ejerce un poder de gobierno legítimo?
“Sólo para conseguir un sentido de cómo es este comportamiento extremo, considere –como lo divulgó el NYT– que ni siquiera George Bush apuntó a los ciudadanos norteamericanos para este tipo de matanza extrajudicial (aunque un ataque de abejón en Yemen, 2002, dio lugar a la muerte de un ciudadano norteamericano). Más llamativo, Antonin Scalia, en el caso de Hamdi v. Rumsfeld, 2004, escribió una opinión (unido a Justice Stevens) sosteniendo que era inconstitucional que el gobierno de EEUU simplemente encarcelara (aún menos matara) a ciudadanos norteamericanos como “combatientes enemigos”; en su lugar, discutieron, la Constitución requiere que encausen a los norteamericanos por crímenes (tales como traición) y se les de un juicio antes de ser castigados. La corte completa de Hamdi sostuvo que por lo menos se requiere un cierto debido proceso antes que los americanos puedan ser encarcelados como “combatientes enemigos.” Con todo, ahora Barack Obama está demandando el derecho, no simplemente a encarcelar, sino d
e asesinar lejos de cualquier campo de batalla, a los ciudadanos norteamericanos sin ninguna clase de debido proceso. Incluso, el congresista republicano Pete Hoekstra, cuando interrogó al almirante Blair, reconoció los severos peligros de aumentar este poder omnímodo.
“¿Y qué pasa con todos los progresistas que gritaron por años contra el tratamiento tiránico de la administración Bush a Jose Padilla? Bush simplemente encarceló a Padilla por años sin un juicio. ¿Si ése fue un vicioso asalto tiránico a la Constitución –y así fue– ¿qué debe decir el ganador del Premio Nóbel de la Paz [Obama] sobre el asesinato de ciudadanos norteamericanos sin debido proceso?
“Todo esto subraya el punto principal marcado en un nuevo artículo excelente de Eli Lake, que recopila y documenta comprensivamente lo que bien conocen aquí los lectores: que mientras los discursos de Obama y algunas políticas de su administración han acentuado una ruptura con lo que fue la era de Bush,” la realidad es que esta administración ha conservado y, en algunos casos, reconstruido lo esencial de Bush/Cheney respecto a las libertades civiles y al terrorismo. Como Al Gore, en su magnífico discurso 2006, protestó por la “Guerra de Bush contra la Constitución”:
“–¿Puede ser verdad que cualquier presidente tiene realmente tales poderes bajo nuestra Constitución?
“–Si la respuesta es sí, entonces ¿bajo qué teoría se rige la comisión de estos actos?, ¿hay actos que puedan ser prohibidos en su cara?
“–Si el presidente tiene la autoridad inherente para escuchar detrás de las puertas de los ciudadanos norteamericanos sin una autorización, encarcelar a los ciudadanos norteamericanos por su propia declaración, secuestrarlos y torturarlos, ¿después qué no puede hacer él?
“–Observe el poder que fue perdido desde la acusación de Gore al radicalismo de Bush: el poder de matar a ciudadanos norteamericanos. Añada a esta letanía lo que Obama ahora ha hecho y considere cómo se convierten los cuestionamientos acusatorios de Gore que ahora obligan más.
“–Actualización: Cuando Obama buscaba la designación demócrata, el Colegio de Derecho Constitucional contestó a un cuestionario sobre el poder ejecutivo distribuido por Charlie Savage del Boston Globe, y ésta fue una de sus respuestas:
“–5. ¿Permite la Constitución que un presidente detenga a ciudadanos de EEUU sin cargos como combatientes enemigos ilegales?
–[Obama]: No. Rechazo la demanda de la administración Bush de que el presidente tenga autoridad plenipotenciaria bajo la Constitución para detener a ciudadanos de EEUU sin cargos como combatientes enemigos ilegales.
“Pues bien, en aquel entonces Obama dijo que el presidente carece de poder simplemente para detener a ciudadanos de EEUU sin cargos. Ahora, como presidente, él se arroga el poder de asesinarlos sin cargos.
Incluso sus seguidores duros, de corazón, ¿podrían intentar reconciliar eso con una apariencia seria?
“Como Spencer Ackerman documenta hoy, no sólo John Yoo reclama contra la arrogación de poderes del presidente. Obama está demandado aquí”.
Epílogo (Hispantv.com)
“Fuentes yemeníes y estadounidenses han comunicado este viernes [30 de septiembre 2011] la muerte de Anuar al-Aulaki, ciudadano estadounidense de origen yemení, quien era uno de los terroristas de Al Qaeda más buscados, fallecido en un ataque organizado por la CIA y por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por sus siglas en inglés) dentro de Yemen.
“Anuar al-Aulaki, junto a otros integrantes de la red de Al Qaeda que le acompañaban murieron en el ataque aéreo, efectuado durante la mañana del viernes contra dos vehículos en que transitaban entre Maarib, en el este de la ciudad capitalina de Saná, y Juf, provincia fronteriza con Arabia Saudita, informa AFP citando a fuentes tribales.
“El presidente estadounidense, Barack Obama, ha calificado la muerte de al-Aulaki como "un golpe muy duro contra el brazo más activo de Al Qaeda".
“Al-Aulaki, considerado por Estados Unidos como una amenaza tan grande como Osama bin Laden, había sobrevivido a un bombardeo estadounidense similar a principios de mayo, poco después de que el presidente Obama informara de la eliminación del líder de Al Qaeda en Paquistán.
“El 24 de septiembre la aviación yemení trató de cumplir el deseo estadounidense al lanzar un ataque contra un supuesto paradero de al-Aulaki en la provincia de Shabwa, en el sur del país. No obstante, al-Aulaki no se hallaba en la localidad al momento del bombardeo. Dicho ataque se cobró 34 vidas”.
Fuentes:
-Muere alto miembro de Al Qaeda en Yemen http://www.hispantv.com/detail.aspx?id=166619
-“Judge declines to Rule on Targeted Killings of U.S. Citizens,” William Fisher, Inter Press Service, Dec. 8, 2010. http://ipsnorthamerica.net/news.php?idnews=3426
-“Letter to President Obama – Targeted Killings,” Human Rights Watch, Dec. 7, 2010. http://www.hrw.org//en/news/1210/12/07/letter-obama-targetedkillings
-“Confirmed: Obama Authorizes Assassination of U.S. Citizen,” Glenn Greenwald, Salon.com, Apr. 7, 2010. http://www.salon.com/news/opinion/glenn_greenwald/2010/04/07/assassinations
-Philip Alston, UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings, Mar. 30, 2010. http://www.extrajudicialexecutions.org/unitedstateoof america1
-Philip Alston, UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings, Mar 30, 2010. http://www.extrajudicialkillings.org/LegalObservations
-“Extra Judicial Killings: U.S. Government ‘Death List’ for American Citizens,” Francis A. Boyle, Global Research, February 10, 2010. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17527
-Student Researchers: John M. Curtin, Molliann Zahm, Maria Rose, Vincent Caruso & George Antzoulis, Niagara University
-Faculty Evaluator: Brian Martin Murphy, Niagara University; Mickey Huff, Diablo Valley College

 

 

John Grant
CounterPunch
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
“¿Qué importa dónde se yace una vez muerto? Muerto se duerme el sueño eterno y esas cosas no importan… Solamente se duerme el sueño eterno, sin importar la suciedad donde se murió o dónde se cayó. Yo era parte de esa suciedad ahora
(Raymond Chandler, El sueño eterno)
Últimamente, leo novelas “negras” y pienso en el género como una manera de explicar el mundo. Podrá tener algo que ver con el hecho de que soy un estadounidense crítico de su gobierno que pierde la esperanza de que llegue a ser posible un cambio positivo. A medida que se evapora la esperanza, parece que cada vez hay menos espacio entre la realidad política y el mundo del hampa. O, tal vez sea el anverso de una obsesión militarista con novelas de suspense de Tom Clancy y de la Guerra contra el Terror.
Los adeptos a la riqueza, el poder y la violencia parecen tan afianzados y dueños del control que los que no tienen poder parecen condenados a la marginación anodina y, si levantan demasiado la cabeza, corren el riesgo de que se criminalicen sus intenciones y sus acciones.
Este sentimiento de que una marea amoral arrolla a la sociedad en realidad no es nada nuevo y, sin duda, ha habido tiempos peores en la historia de la humanidad. Pero saberlo no ayuda si uno mira alrededor y ve exactamente lo que quería decir W. B. Yeats en su famoso poema El segundo Advenimiento, escrito en 1919:
se suelta la marea turbia de sangre, y por doquier
se anega el ritual de la inocencia;
los mejores no tienen convicción, y los peores
rebosan de febril intensidad.
Ahora mismo una buena amiga mía –una coronel del ejército retirada de la que sé que es “de lo mejor” de la humanidad en la visión de Yeats– ha sido tratada por varios gobiernos cómo si fuera una criminal. Ann Wright y un puñado de estadounidenses siguen a bordo del The Audacity Of Hope, que ha sido incautado y está retenido en un muelle de la Embajada de EE.UU. bajo control de los guardacostas griegos en Pireus, un puerto cerca de Atenas. Al barco le han cortado la electricidad, la temperatura ha llegado casi a los 38º C y un navío ruso con trigo ha arrojado un polvo insoportable sobre el barco. El capitán, John Klusmire, fue arrestado y acusado de abandonar ilegalmente el puerto. Lo liberaron, pero slo procesarán más adelante.
La nación de Israel tuvo éxito, como el proverbial rabo que menea al perro, al conseguir que EE.UU. y otras naciones occidentales actuaran como si las personas honorables de los barcos fueran una especie de violentos criminales. Como se ha informado ampliamente, la secretaria de Estado Hillary Clinton otorgó efectivamente a Israel derecho a disparar contra Wright y las demás personas de a bordo si los comandos israelíes lo considerasen necesario. El 1 de julio, el barco intentó abandonar el puerto de Atenas para navegar a un puerto en Gaza y fue detenido por los guardacostas griegos.
El enfrentamiento se puede ver en un vídeo en el que los guardacostas griegos vestidos como SWAT [tropas de Armas y Tácticas Especiales de EE.UU.] apuntan con armas automáticas a la gente del bordo. Un oficial de los guargacostas griegos muy obediente ordena el cese de su actividad ilegal al capitán Klusmire. El supuesto problema es “navegabilidad”, la cual Klusmire asegura al oficial que se ha documentado adecuadamente. Todos saben que el tema de la navegabilidad es un chiste, un caso de política de intimidación basada en el hecho de que Grecia es una ‘bolsa de nervios’ económica internacional altamente vulnerable y como masilla en las manos del benefactor de Israel, EE.UU. El objetivo de la flotilla era mostrar que Israel trata a Gaza como una provincia-prisión. Una animosa manifestación en Atenas se ocupó del frustrante aprieto de la flotilla.
Eitan Haber del popular periódico Yediot Aharonot de Israel dice que su gobierno “perdió el juicio”.
Haber no estaba hablando del enfrentamiento de la flotilla en el puerto de Atenas, pero podría haberlo hecho. Hablaba de un absurdo reto internacional montado por el gobierno israelí en varios aeropuertos en todo el mundo para impedir que ciudadanos occidentales asistieran a una reciente conferencia palestina en Cisjordania. Diversas líneas aéreas que cedieron a la presión israelí negaron el acceso a sus vuelos a la mayoría de los que intentaban asistir a la conferencia. La única manera de llegar por avión a Cisjordania es volar a Israel. Los participantes en la conferencia que lograron llegar a Israel fueron arrestados y deportados.
Haber no se mostró muy comprensivo con los puntos de vista de los visitantes occidentales; solo fue un hombre inteligente políticamente pragmático. Lo dijo como sigue: “En lugar de dar la bienvenida a esos chiflados, permitirles que canten, silben e incluso levanten pancartas, el mundo va a ver una vez más en acción a los ‘soldados de las tropas de asalto sionistas’”.
Esta imagen de los “soldados de las tropas de asalto sionistas” se ajusta a la visión atormentada del futuro de Israel presentada por Idan Ofer, un pragmático empresario israelí, cuando habló en mayo ante un foro empresarial. “Nos estamos convirtiendo rápidamente en Sudáfrica”, dijo a los demás dirigentes empresariales israelíes.
En la misma conferencia, otro pragmático israelí, Dan Gillerman, ex embajador de Israel en las Naciones Unidas, se preocupó por el fracaso de las conversaciones de paz que conduzca a la esperada solicitud palestina a la Asamblea General de la ONU en septiembre para que reconozca su calidad de Estado soberano. “La mañana después del esperado anuncio del reconocimiento de un Estado palestino,” dijo a los dirigentes empresariales israelíes”, comenzará un doloroso y dramático proceso de ‘sudafricanización’”.
A mucha gente, yo incluido, le parece estos días que Israel está decidido a convertirse en un arrogante Estado delincuente internacional que basa su legitimidad en un pequeño grupo de aliados occidentales poscoloniales en decadencia gradual, dirigidos por hombres y mujeres cuyo principal desafío parece que es aferrarse a un glorioso pasado dominante.
Muchos israelíes, judíos estadounidenses y estadounidenses derechistas ya están totalmente acostumbrados a la idea de que una gran parte del mundo critica severamente a Israel. Muchos rechazan esta noción en sí misma. ¡Pobre Israel!, simplemente no le dan una oportunidad. Los palestinos e islamistas que se niegan a renunciar a su independencia y dignidad a favor de Occidente están considerados monstruos. Y, sin duda, algunos se han convertido en eso. Y, seguro, los israelíes son listos y duros y tienen una historia profunda y excepcional.
El problema es que Israel y sus bien armados defensores han interiorizado tanto este sentido de que los satanizan injustamente y de que todos los han atacado a lo largo de la historia, que se niegan a ver la crítica como algo diferente del eterno ultraje antisemita.
Hombres como Benjamin Netanyahu y Avigdor Lieberman que ahora dirigen el gobierno israelí están “llenos de intensidad apasionada” de que el control de la tierra y de las fronteras basado en el dominio militar y la fuerza es el único medio de supervivencia. La razón y la compasión se descartan como debilidades. El peligro que vemos nosotros, los activistas por la paz estadounidenses, es que nadie en Israel –o, lo que es más importante para nosotros, en EE.UU.– podrá romper este trágico proceso e Israel se convertirá cada vez más en un peligroso animal acorralado que arrastra a EE.UU. en su defensa.
Ya lo habréis adivinado, soy en espíritu uno de esos “visitantes chiflados” mencionados por Eitan. Si tuviera el dinero, podría haber asistido a la conferencia en Palestina. Si tuviera el dinero, podría estar ahora mismo en Tel he Audacity Of Hope. Es verdad que a veces nosotros, la gente del movimiento por la paz, sucumbimos ante las numerosas frustraciones en nuestro camino y hacemos cosas como desfilar con pancartas que nos hacen susceptibles al ridículo de gente como Haber. Pero cualquiera que siga con valor lo que le dice su corazón es susceptible al ridículo en un mundo inundado por la marea turbia de sangre.
El hecho es que cuesta ser un activista no violento por la paz en el mundo que Netanyahu y Lieberman han creado para los palestinos y los que se identifican con ellos. Mientras sus modernas fuerzas militares armadas hasta los dientes con la última tecnología represiva, armas letales y tácticas de vigilancia se convierten cada vez más en “tropas de asalto sionistas”, se hace tanto más difícil ser no violento y conservar algún tipo de dignidad. Porque, como saben todos los que están en el movimiento por la paz, el mensaje que uno recibe de esas fuerzas híper-armadas se reduce a: Quedaos donde os decimos que os quedéis u os sacaremos a tiros. Y si pensáis que vuestras acciones podrían cumplir potencialmente con los requerimientos ‘gandhianos’ de la stayagraha –es decir, hacer que la verdad sea obvia públicamente mediante acción no violenta– entonces destruiremos vuestras acciones antes de que tengan lugar, como hicimos con la flotilla en Atenas. El verdadero motivo por el que se hicieron tantos esfuerzos para detener a la flotilla en Atenas es que Israel concluyó que la flotilla sería eficaz para poner a la vista de todos la verdad del movimiento por la paz con respecto a Gaza.
Nos demos cuenta o no –tanto si apoyamos activamente como si miramos pasivamente para otro lado ante la opresión de otros para no perder el sentido de poder que nos da– todos estamos a la merced del arrogante Estado moderno, obsesionado por el secreto. Vivimos en un sistema global post orwelliano que es cada vez más una red interconectada de controles ocultos que la gente simple, amante de la paz y que se preocupa de sus propios asuntos no llega a imaginar. Nosotros, en el movimiento por la paz, no estamos solos en este estado de miedo: los libertarios y algunos del Tea Party, por ejemplo, ven lo mismo desde otro ángulo.
Me parece que todo lo que la gente de Gaza y de Cisjordania quiere para sus familias es tener una buena vida y la justa oportunidad de un futuro mejo, exactamente lo que nosotros, estadounidenses, y los israelíes, queremos.
Como activista por la paz, a ese nivel, todo parece muy simple. Primero, analízate honestamente y pregunta: “¿Qué es lo que hice mal?”, porque si las cosas se han convertido en un lío inviable, como es el caso en Israel/Palestina, es una certeza humana que tú tienes algo que ver con ello. Por cierto, el otro lado es muy diferente y podrán parecer “monstruos” por las cosas que han hecho. El único consuelo, al respecto, es que puedes estar seguro de que tu enemigo piensa lo mismo sobre ti. Hay “monstruos” en ambos lados.
Lo importante es dar los primeros pasos para superar todo esto, comenzar a preguntar quiénes son realmente nuestros enemigos y, más allá de nuestras peores fantasías, qué se proponen realmente. Y ese es el punto decisivo: ¿Qué tienen en común con nosotros?
Otro listo y pragmático israelí, un general retirado llamado Ephraim Sneh, escribió un reciente artículo editorial en The New York Times en el que dice: “dar alas a los asentamientos en Cisjordania y mantener una ocupación con el fin de protegerlos” es una política contraria a los intereses de la futura seguridad de Israel. “Seguir ese camino llevará al desastre”, escribe. Es “una profecía apocalíptica”.
Lo importante es que gente de todas las tendencias políticas –incluidos mis amigos de la flotilla y los que trataron de asistir a una conferencia palestina– tratan de empujar, presionar y persuadir al gobierno israelí y a su benefactor en Washington de que reconsideren su posición y hagan cambios atrevidos frente al pueblo palestino. Dirigentes estadounidenses como la señora Clinton y el vicepresidente Joe Biden tienen ideas tan frescas como un pescado añejo.
Hay que presionar a EE.UU. para que se inicien conversaciones sobre una verdadera soberanía palestina. Basta de palabras insinceras. Sería hacer lo inteligente y pragmático, y la mejor probabilidad de que el reconocimiento por la ONU en septiembre sea innecesario, o sea lo que EE.UU. e Israel quieren. Lo mejor que podrían haber hecho es permitir el paso de la flotilla por la paz y concentrarse en negociar una auténtica seguridad.
En el actual mundo volátil de Medo Oriente, Israel y EE.UU. deberían estar a favor de un verdadero cambio político estructural, en lugar de lo que hacen actualmente al apoyar el mismo antiguo statu quo impracticable y opresivo basado en la violencia. El mundo es como El asesino dentro de mí de Jim Thompson solo si decidimos hacer que así sea.
JOHN GRANT es miembro fundador de ThisCantBeHappening!, el nuevo periódico en línea independiente, de propiedad colectiva, dirigido por periodistas y apoyado por los lectores, que comienza ahora su segundo año de publicación diaria.
Fuente: http://www.counterpunch.org/grant07142011.html

Todo es mentira, toda confusión para robar su petróleo y su país.

Santiago Alba Rico

En 1999 dos perros se cruzan en la frontera. Uno, argelino, flaco,
desfallecido, cojo y roído por las pulgas, trata de entrar en Túnez; el
otro, tunecino, lustroso, bien alimentado, limpio, saludable, trata por su
parte de entrar en Argelia. El tunecino está perplejo: “¿por qué quieres
entrar en mi país”, pregunta. El argelino responde: “porque quiero comer”. E
inmediatamente añade, aún más perplejo que su compañero: “Lo que no entiendo
es por qué quieres entrar tú en Argelia”. El tunecino entonces contesta:
“porque quiero… ladrar”.
En 1999, cuando se contaba este chiste en los medios intelectuales, Túnez
estaba amordazado, pero a cambio disfrutaba -se repetía- de una situación
económica incomparablemente mejor que el resto del mundo árabe. Con un
crecimiento medio del 5% durante la década pasada, el FMI ponía al país como
ejemplo de las ventajas de una economía liberada de las trabas
proteccionistas y en el año 2007 el Foro Económico Mundial para Africa lo
declaraba “el más competitivo” del continente, por encima de Sudáfrica.
“Kulu shai behi”, todo va bien, repetía la propaganda del régimen en vallas
publicitarias, editoriales de prensa y debates coreográficos en la
televisión. Mientras el gobierno vendía hasta 204 empresas del robusto
sector público creado por Habib Bourguiba, el dictador ilustrado y
socialista, se multiplicaba el número de 4×4 en las calles, se construían en
la capital barrios enteros para los negocios y *le loisir* y hasta 7
millones de turistas acudían todos los años a disfrutar de la cada vez más
sofisticada y sólida infraestructura hotelera del país. En el 2001, cuando
se abrió el primer Carrefour, símbolo y anuncio del ingreso en la
civilización, algunos podían hacerse la ilusión de que Túnez era ya una
provincia de Francia. Era un país maravilloso: la luz más limpia y hermosa
del mundo, las mejores playas, el desierto más hollywoodesco, la gente más
simpática. No se podía hablar ni escribir, es verdad, pero a cambio la gente
engordaba y el islamismo reculaba. La UE y Estados Unidos, pero también las
agencias de viajes y los medios de comunicación contribuían a alimentar la
imagen de un país más europeo que árabe, más occidental que musulmán, más
rico que pobre, en transición hacia la felicidad del mercado capitalista. No
se podía ni hablar ni escribir, es verdad, y también es verdad que ocupaba
el segundo lugar en el ranking mundial de la censura informática, pero el
esfuerzo del gobierno merecía una recompensa: Túnez organizó una Copa de
Africa, un Mundial de Balonmano y en 2005 una insólita Cumbre de la
Información durante la cual se ocultó al mundo una huelga de hambre de
jueces y abogados y se detuvo a periodistas y blogueros.
A poco que alguien se hubiese molestado en rascar bajo esa superficie bien
barnizada habría descubierto una realidad bien distinta. Nadie o casi nadie
lo hizo. De enero a junio de ese año 2005, por ejemplo, El País publicó 618
noticias relacionadas con Cuba, donde no pasaba nada, y 199 sobre Túnez,
todas sobre el turismo o el mundial de balonmano; El Mundo, en esas mismas
fechas, registró 5162 entradas sobre Cuba, país donde no pasaba nada, y sólo
658 sobre Túnez, casi todas sobre el mundial de balonmano; y ABC tendió 400
veces la mirada hacia Cuba, país donde no pasaba nada, mientras sólo
mencionaba a Túnez 99 veces, 55 de ellas en relación con el mundial de
balonmano. El 10 de marzo de ese mismo año una rápida búsqueda en Google
entregaba 750 enlaces sobre el reparto del gobierno cubano de las famosas
ollas arroceras y sólo tres (dos de Amnistía Internacional) sobre la huelga
de hambre y la tortura a presos en Túnez.
Pero lo cierto es que Carrefour y los *humvee *-y la vida nocturna en
Gammarth- ocultaba no sólo la normal represión ejercida por Ben Ali desde
1987, año del golpe palaciego o del Gran Cambio, sino también la
desaparición de una clase media que había comenzado a formarse en los años
60 y había sobrevivido a la crisis de finales de los 80. Unos pocos entraban
en el Carrefour y otros muchos salían del país: hasta un millón de jóvenes
tunecinos -sobre una población de 10 millones- viven fuera, sobre todo en
Francia, Italia y Alemania. Mientras una minoría dejaba el francés por el
inglés y despreciaba, por supuesto, el dialecto tunecino, la estructura
educativa heredada del régimen anterior, relativamente solvente, se
degradaba de tal modo que el último informe PISA relegaba a Túnez a uno de
los últimos diez lugares de la lista de la OCDE. Mientras veinte familias
disfrutaban del ocio en los Alpes o en París, el paro aumentaba hasta
alcanzar el 18%, el 36% entre los más jóvenes: entre los diplomados y
licenciados pasaba de un 0,7% en 1984 a un 4% en 1997 para dispararse a un
20% en 2010. En el espejo del Carrefour -en medio de la publicidad
atmosférica que invitaba a un consumo inaccesible-, los jóvenes de los *
banlieu* de la capital y de las regiones del centro y sur del país parecían
conformarse con poder disfrutar de ese reflejo.
¿Quién se beneficiaba de este crecimiento bendecido por el FMI y por las
instituciones europeas? Básicamente una sola familia, extensa y tentacular,
a la que los despachos de la embajada estadounidenses filtrados por
wikileaks describen como un “clan mafioso”. Se trata de la familia de Leyla
Trabelsi, la segunda esposa del dictador, hasta tal punto dueña del país que
muchos se referían a Túnez (*la Tunisie*) como *La Trabelsie*. Ben Alí y su
familia política se habían apoderado, mediante privatizaciones opacas, de
toda la actividad económica de la nación, convirtiendo el Estado en el
instrumento de un capitalismo mafioso y primitivo o, mejor, de un feudalismo
parasitario del capitalismo internacional. La lista de sectores saqueados
por el clan resulta apenas creíble: la banca, la industria, la distribución
de automóviles, los medios de comunicación, la telefonía móvil, los
transportes, las compañías aéreas, la construcción, las cadenas de
supermercados, la enseñanza privada, la pesca, las bebidas alcohólicas y
hasta el mercado de ropa usada. No puede extrañar que, durante las revueltas
de estos días, se hayan asaltado tantos comercios, empresas y bancos; se ha
hablado de “vandalismo”, pero se trataba también de un vandalismo certero o,
en cualquier caso, de un vandalismo que, incluso cuando se desencadenaba al
azar, inevitablemente acertaba: golpease donde golpease, golpeaba sin duda
una propiedad de los Trabelsi.
En este cuadro de represión y apropiación, había que tender el oído para
escuchar el ruido de la marea ascendente. Pocos lo hicieron, ni siquiera
cuando en enero de 2008, en Redeyef, cerca de Gafsa, en las minas de
fosfatos, otro incidente menor -una protesta por un acto de nepotismo- puso
en pie de guerra a toda la población. Durante meses se prolongaron las
huelgas, hubo cuatro muertos, doscientos detenidos, juicios sumarísimos con
penas escalofriantes. Mientras Redeyef permaneció sitiado por la policía,
sólo periodistas y sindicalistas tunecinos trataron de romper el bloqueo
policial e informativo. En Europa, la *Trabelsia* seguía siendo bella,
tranquila, segura para los negocios y la geopolítica. Tan solo un periodista
italiano, Gabriele del Grande, se atrevió a entrar clandestinamente en el
corazón de las protestas y sacar información antes de ser detenido por la
policía y expulsado del país. Su reportaje comienza así: “Sindicalistas
detenidos y torturados. Manifestantes asesinados por la policía. Periodistas
encarcelados y una potente máquina de censura para evitar que la protesta se
extienda. No es una clase de historia sobre el fascismo, sino la crónica de
los últimos diez meses en Túnez. Una crónica que no deja lugar a dudas sobre
la naturaleza del régimen de Zayn al Abidin Ben Ali -en el gobierno desde
1987-. Una crónica que revela el lado oscuro de un país que recibe millones
de turistas todos los años y del que escapan miles de emigrantes también
todos los años”. En un libro posterior, *Il mare di mezzo*, del Grande
describe en detalle la maquinaria del terror tunecino, con las cárceles
secretas en las que desaparecían no sólo los opositores nacionales sino
también los emigrantes argelinos, secuestrados en el mar por las patrulleras
locales -policías de Europa- para ser arrojados luego en el abismo. Nadie
dijo nada. Era mucho más importante sostener al dictador; Ben Ali y las
potencias occidentales compartían no sólo intereses económicos y políticos
sino también el mismo desprecio radical por el pueblo tunecino y sus
padecimientos.
Pero el 17 de diciembre una chispa iluminó de pronto el monstruo y revelo
asimismo, como explica el sociólogo Sadri Khiari, que “no hay servidumbre
voluntaria sino sólo la espera paciente del momento de la eclosión”. El
gesto de desesperación de Mohamed Bouazizi, joven informático reducido a
vendedor ambulante, puso en marcha un pueblo del que nadie esperaba nada,
que los otros árabes despreciaban y que Europa consideraba dócil, cobarde y
adormecido por el fútbol y el Carrefour. Un ciclo lunar después, el 14 de
enero pasado, tras cien muertos y decenas de metástasis rebeldes en todo el
territorio, la ola rompió en el centro de Túnez y alcanzó su objetivo. Ya no
se trataba ni de pan ni de trabajo ni de youtube: “Ben Ali asesino”, “Ben
Alí fuera”. La última carga policial, desmintiendo las promesas que había
hecho el día anterior el dictador, provocaron aún numerosos muertos y
heridos. Pero era muy hermoso, muy hermoso ver a esos jóvenes de los que un
mes antes nadie esperaba nada volverse en la calle y retener a la gente que
huía para animarla a regresar a la batalla con las estrofas vibrantes del
himno nacional: “namutu namutu wa yahi el-watan” (*moriremos moriremos para
que viva la patria*). A última hora de la tarde, apoyado hasta el final por
Francia, el dictador huía a Arabia Saudí, dejando a sus espaldas milicias
armadas con instrucciones para sembrar el caos.
El peligro no ha pasado, la lucha continúa. Pero ahora hay un pueblo que
libra las batallas. “El 14 de enero es nuestro 14 de julio”, repiten los
tunecinos. Quizás el de todo el mundo árabe. Jamás el pueblo había derrocado
un dictador; y este pueblo inesperado, intruso en la lógica de las
revoluciones, este Túnez de jazmines y luz de miel, ahora de dignidad y
combate, es el espejo en el que se miran los vecinos, de Marruecos al Yemen,
de Argelia a Egipto, hermanos de frustración, infelicidad e ira. No hay que
encontrar las causas, siempre dadas, sino el minuto. Y ese minuto es ahora.

Su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a América Latina.

 

Por: Enrique Santiago Romero- Aporrea.org

 

Durante todo este viernes 6 de agosto el presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe, estuvo diciendo "en pocas horas habrá buenas noticias". Luego, cuando su abogado declaró que había introducido demanda contra Venezuela y contra el presidente Hugo Chávez en la Corte penal Internacional y en la Comisión de Derechos Humanos, se comprendió ‘la felicidad’ de Uribe. Estaba alegre, pero no parece darse cuenta de que la suya es una alegría de tísico.

El abogado español Enrique Santiago Romero, experto en Derecho Internacional y responsable de los Servicios Jurídicos del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) maneja un dossier en torno a todo lo que le espera a Alvaro Uribe una vez que esta tarde abandone la presidencia colombiana y se termine su inmunidad.

La síntesis de ese dossier incluye los aspectos jurídicos que dan al traste con una acusación colombiana hacia Venezuela y hacia el presidente Hugo Chávez.

A continuación el dossier personal de Álvaro Uribe y la lista de sus temores, así como las consideraciones jurídicas del caso, explicadas con contundencia por Enrique Santiago Romero.

El rastro del Presidente Álvaro Uribe Uribe conduce indefectiblemente hacia la Corte Penal Internacional
No es exagerado decir que tras su salida de la Presidencia, el rastro del Presidente Álvaro Uribe Uribe conduce indefectiblemente hacia la Corte Penal Internacional y no precisamente como acusador, tal y como ha intentado aparecerse estos días ante la opinión pública internacional, señalando al gobierno y funcionarios venezolanos de “colaboración” en la perpetración de crímenes de lesa humanidad y de guerra  y dando instrucciones al Fiscal General de Colombia para que presente tales acusaciones contra el presidente Hugo Chávez” y otros altos funcionarios venezolanos ante al Corte Penal de La Haya
La Comunidad internacional ha asistido estas semanas con estupor a los denodados esfuerzos del todavía Presidente de Colombia por complicar aún más las relaciones diplomáticas de su país con sus vecinos, especialmente con Venezuela, a quien ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas acusaciones políticas y jurídicas. Pareciera que tras estas acusaciones se oculta la única intención de Uribe de concluir su mandato presidencial provocando el conflicto armado con Venezuela.
Uribe ya es el pasado y probablemente ese hecho  y sus consecuencias jurídicas –respecto a la perdida de cualquier inmunidad jurídica que le haya alcanzado durante el ejercicio presidencial- son perfectamente conocidas por el todavía Presidente colombiano.
Por lo que a continuación expondremos, podemos avanzar no solamente que la acusación del presidente Uribe contra Venezuela carece de fundamento jurídico alguno, sino que más bien corresponde a una estrategia desesperada para ocultar el mayor de los problemas de Uribe a partir del 8 de agosto próximo: el abultado expediente de acusaciones que, caratulado bajo su nombre, descansa en los cajones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Los obvios temores de Álvaro Uribe
Es conveniente repasar la hoja de vida del todavía presidente colombiano para comprender sus obvios temores a acabar compareciendo ante la Corte Penal Internacional.
Álvaro Uribe Vélez, el “precursor del Narco-Estado”, como ha sido denominado por uno de las más importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional, “The Narco News” (http://www.narconews.com) desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que, descubrirían luego los agentes, portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave, necesario en la manufactura de cocaína.
De acuerdo a un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín, Colombia, a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos. Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15 mil millones de dólares. El dueño de GMP Productos Químicos, de acuerdo al reporte de 2001 de la DEA, era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex secretario de gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.  Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba esos envíos de contrabando. Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia -cuya capital es Medellín- de 1995 a 1997, Moreno era el secretario de gobierno. Durante esos años, según el entonces jefe de la DEA Marshall, "entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia".
Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982. La ex -amante de Pablo Escobar y presentadora de televisión, Virginia Vallejo, en su libro “Amando a Pablo, Odiando a Escobar” da nuevos datos de la relación entre Uribe y Pablo Escobar: según la periodista actualmente exiliada en los EEUU, Uribe como director de la Aeronáutica Civil fue clave para el otorgamiento de licencias masivas de vuelo al cartel de Medellín sin las cuales jamás hubieran podido hacer sus inmensos envíos de la droga a los EE.UU. y acumulado sus inmensas fortunas. En una entrevista explica porqué el primo de Escobar, José Obdulio Gaviria es actualmente el asesor presidencial de Uribe.  Uribe tuvo a César Villegas como su delegado cuando fue director de la Aerocivil. Este último fue sentenciado a 5 años de prisión por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio. (Diario El Tiempo de Colombia. 17/03/2002).
Esta querencia de Uribe en materia aeronáutica, quedó también de manifiesto cuando la policía y el ejército colombiano desactivaron el mayor laboratorio de transformación de cocaína encontrado hasta le fecha en Colombia, en el remoto paraje denominado eufemísticamente “Tranquilandia” (Operación Yarí). El 11 de marzo de 1983, la fuerza pública irrumpió en el laboratorio del conocido narco Gonzalo Rodríguez Gacha “El mexicano” y entre otras evidencias intervino un helicóptero Hughes 500, matrícula HK 2704 X, propiedad de Aerofotos Amortegui Ltda, empresa propiedad de la familia Uribe. Al respecto Álvaro Uribe alega que ese helicóptero había sido previamente vendido, según indicó, se le olvidó documentar dicha compraventa.
La Agencia de Inteligencia de la Defensa” de los Estados Unidos. Elaboró una ficha de Álvaro Uribe, la número 82, en esta Agencia. Veamos que dice la indicada ficha de inteligencia (puede consultarse el original enhttp://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm:)
“Confidencial. Septiembre 1991.
Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).
82. Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas.  Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Èl (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el  Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos) (…)”
Uribe ha sido señalado de participar habitualmente en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la “matanza de El Aro” cometida en 1.997, en la cual, según relata el periódico de Miami, “El Nuevo Herald” en su edición del 6 de  agosto de 2009, el mismísimo Álvaro Uribe, planeo la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares que “brillantemente”  habían asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos condenó a Colombia.
El grupo paramilitar "Los doce apóstoles" habría tenido sede en la hacienda "La Carolina", en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez. El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por "Los doce apóstoles" entre 1993 y 1994. El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El fiscal colombiano Luís Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario sí había sido objeto de una investigación oficial en 1999, pero también indicó que se había declarado "un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez y se ordenó el archivo definitivo" ese mismo año.
La red paramilitar Uribe-Vélez-Ochoa. Un Parlamento tras las rejas
El 4 de diciembre de 2006, en declaraciones a W Radio de Bogotá, el presidente Uribe Vélez debió admitir que su hermano sí fue investigado por involucramiento con el paramilitarismo. Tres parientes del Presidente colombiano, entre ellos dos primos hermanos, lideraron una banda paramilitar conocida como "Los Erre", señalada de haber asesinado a medio centenar de personas en varios municipios del departamento de Antioquia. Estos familiares fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un año, hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso por considerar "que no había pruebas suficientes contra los acusados". Los parientes del presidente son Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, (también son familiares del clan de los capos del narcotráfico Ochoa). (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24 jun05).
El ex senador colombiano Mario Uribe, primo y colaborador cercano en la Presidencia de Álvaro Uribe, está acusado formalmente de narcoparamilitar por la justicia colombiana. No es el único parlamentario de la mayoría uribista en esa situación. Más de 70 congresistas y senadores de los partidos que apoyaban a Uribe en las cámaras legislativas hasta el pasado mes de marzo, se encontraban y encuentran procesados por la justicia colombiana por narco-paramilitares, casi el 50% de las cámaras legislativas. Actualmente, 50 congresistas o excongresistas uribistas ya cumplen condena por favorecer o pertenecer a grupos narcoparamilitares. Todos son de partidos políticos uribistas (Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Apertura Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana). Tras las elecciones legislativas de marzo de 2010, continua habiendo procesados por narco-paramilitarismo ocupando curules en el Congreso de la república. ¿Se imagina  el lector el escándalo que supondría que el 50% del parlamento venezolano estuviera procesado por narco-terrorismo?
De larga data, ya en sus tiempos de gobernador de Antioquia, viene la tendencia de Uribe a actuar como “señalador oficial” de los defensores de Derechos Humanos en Colombia,  convirtiéndolos en objetivos a eliminar por los narco-paramilitares. Uno de los mas sonados “trofeos” que Uribe se cobró en esta otra actividad habitual en él, fue Jesús María Valle Jaramillo, abogado,  coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez", de Antioquia, quien fue asesinado por sicarios el 27 de febrero de 1998, cuando se encontraba en su oficina ubicada en el centro de la ciudad de Medellín. Varios días antes, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, había mencionado en una intervención pública a Jesús Maria Valle, señalándolo como “auxiliador de la guerrilla”, a pesar de que el abogado era miembro del Partido Conservador colombiano.
Uribe Vélez ha puesto en marcha durante su presidencia el mayor operativo de espionaje ilegal que recuerde la sociedad colombiana. Nombró a Jorge Noguera, su director de campaña electoral en 2002, como director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Después de salvarlo de su primera detención, Uribe lo nombró cónsul en Milán. Actualmente paga condena en la cárcel por concierto para delinquir por vínculos paramilitares y permitir que la institución (El DAS, la agencia de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República) fuera puesta al servicio de los narco paramilitares, ya con pruebas recopiladas por la Fiscalía General de Colombia, que acreditan que cientos de sindicalistas, opositores a Uribe, periodistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia por encargo y con medios del DAS. 
La política de “Seguridad Democrática” de Álvaro Uribe ha dado lugar al escándalo conocido como “falsos positivos”, el asesinato de al menos 2.500 civiles inocentes por la fuerza pública colombiana -bajo el mandato de Uribe como presidente y siendo Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa-, presentados como “guerrilleros dados de baja en combate” con la única intención de cobrar las recompensas que el Estado colombiano paga por “dar de baja a guerrilleros. Tras ser denunciado por una Misión Internacional de Observación sobre Derechos Humanos en Colombia en Octubre de 2007 y negado y descalificado por Uribe, tuvo que ser reconocido por el propio Presidente cuando la OEA hizo suyas las conclusiones del informe de la Misión Internacional. El relator de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales no solo ha dado por validas estas acusaciones, sino que tras hablar de un plan sistemático criminal, ha exigido su esclarecimiento y castigo a los culpables.
La “industria criminal” organizada y el hallazgo macabro de “La Macarena”
Colombia es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se acometen- cuantitativa y cualitativamente hablando- de forma sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado que tiene como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiación por las oligarquías terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares. De los mas de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayoría han sido provocados para  consolidar la apropiación ilegitima de tierras de los campesinos. De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 años de mandato del Presidente Uribe.
En la actualidad las organizaciones de victimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa común descubierta en América latina con cadáveres “NN”. Más de 2.500, según las primeras estimaciones, en la fosa denominada de “La Macarena”, que escondería victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por destacamentos del Ejército colombiano y organizaciones paramilitares.  La “industria criminal”, organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato de Uribe, llegó a utilizar, emulando así la “solución final” del nazismo alemán, hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del estado y sus aliados paramilitares: tres hornos al menos descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno “móvil”, en Bogotá.
En mayo de 2010, el diario The Washington Post, daba cuenta de la confesión del oficial de la policía nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en complicidad con operaciones paramilitares del grupo denominado “Los 12 apóstoles”, de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del Presidente.
Viabilidad jurídica de una posible denuncia contra Hugo Chávez en la Corte Penal Internacional, como lo anunciara recientemente Álvaro Uribe
Tras conocerse el anuncio de Venezuela de romper relaciones diplomáticas con Colombia, el pasado 22 de julio, Uribe convocó al Fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza, para instarle a que iniciara el proceso necesario para llevar ante la Corte Penal Internacional a altos funcionarios venezolanos, incluido el presidente  Hugo Chávez Frías.  Algunos periódicos colombianos informaron días después que fueron los máximos jefes militares de ese país quienes en presencia de Álvaro Uribe entregaron al Fiscal General documentación sobre acciones  de organizaciones insurgentes colombianas que habrían utilizado suelo venezolano.
El Fiscal General anunció a la prensa que el encargo recibido era: “estudiar la posibilidad de llevar ante la Corte Penal internacional a autoridades venezolanas por proteger, ayudar o auxiliar a grupos que cometen crímenes de guerra o de lesa humanidad en la zona fronteriza colombiana”.
Al margen de que Colombia, incapaz de controlar más de 50 frentes de organizaciones insurgentes dentro de su territorio, exija a Venezuela una diligencia de imposible cumplimiento en fronteras selváticas o montañosas, lo cierto es que desde que se realizaron las primeras acusaciones del presidente Uribe respecto a que Venezuela albergaba bases guerrilleras colombianas en su territorio, ni una sola prueba rigurosa ha sido presentada al respecto.
Para discernir si la iniciativa del presidente Uribe busca realmente conseguir una condena de la CPI al Presidente Chávez, nada más y nada menos que por “crímenes de lesa humanidad y de guerra”, o simplemente es la ultima “pataleta” política del presidente latinoamericano con la mayor carpeta abierta en la Corte de La Haya, debemos examinar lo establecido en el Estatuto de la CPI, íntegramente en vigor para Colombia y Venezuela.
La Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas –no contra Estados o gobiernos- y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan ocurrido los hechos. Así se establece en  el artículo 1 del Estatuto de la CPI.:
“(…)La Corte (…) estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
Los “crímenes más graves de trascendencia internacional” sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el artículo 5 del Estatuto y son:
“(…) a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; (…)”.
Conforme a lo anterior, la iniciativa del Presidente Uribe, en caso de llegar a concretarse mediante la interposición de una acción penal contra funcionarios venezolanos ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional conforme a lo establecido en los artículos 13:
                    “Ejercicio de la competencia
La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; (…)”
y 14 del estatuto:
“ Remisión de una situación por un Estado Parte
1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.”
necesariamente debería fundamentar racionalmente, al menos indiciariamente, que funcionarios venezolanos auxiliaron a las FARC de forma continuada y sistemática, que por ello  pudieron cometer un crimen de lesa humanidad, y que el asunto nunca ha sido investigado por las autoridades venezolanas. Esto último, en términos jurídicos, hace referencia a la denominada “concurrencia de jurisdicciones” –entre la de la C.P.I. y las nacionales del país donde hayan ocurrido los hechos- supuesto en el que como establece el artículo 1º del estatuto, la jurisdicción de la C.P.I. “tendera carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”
El artículo 15 del Estatuto de Roma regula el procedimiento que deberá seguir el Fiscal y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal, una vez recibida la información remitida por el Estado Parte, para iniciar una investigación respecto a los hechos denunciados, siendo  imprescindible que el Fiscal analice “la veracidad de la información recibida.” (art 15.2)
A la vista de lo anterior, no cabe duda alguna de que los Estados Parte en el Convenio de Roma de constitución de la C.P.I. -como es Colombia-  pueden remitir información –equivalente a una denuncia- al Fiscal del Tribunal para que este y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal estudien si la misma amerita el inicio de un procedimiento judicial ante este Corte o en su caso el inicio de una investigación preliminar, siempre y cuando dicha denuncia tuviera un mínimo de veracidad a juicio del Fiscal de la C.P.I., lo que en el contexto que analizamos y a la vista de las pruebas -escasas e inconcretas- aportadas por el gobierno colombiano, no parece que sea el caso.
En todo caso, el procedimiento podría ser puesto en marcha por Colombia mediante presentación de denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien en virtud del artículo 18 del estatuto, si hubiera  “determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación,  (…) lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate.”
De forma que el estado notificado –en este hipotético caso Venezuela-  podrá informar a la Corte que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.”
“A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal autorizar la investigación.
Es decir, antes de iniciarse cualquier investigación o al menos simultáneamente al inicio, el Fiscal de la Corte Penal debería dirigirse a Venezuela para comunicarle la interposición de dicha denuncia y esperar una contestación de Venezuela, siendo posible que la contestación de Venezuela sea precisamente la más evidente: que todo lo relativo a la presencia de la insurgencia colombiana en su territorio es algo que las autoridades y la justicia de Venezuela investigan y persiguen desde, al menos, el inicio del mandato del actual Presidente venezolano, en cuyo caso la Fiscalía de la C.P.I. debería inhibirse a favor de la justicia venezolana.
En este supuesto analizado, parece evidente que la denuncia con la que ha amenazado el todavía presidente Uribe, tendría poco recorrido jurídico.
Entrando aunque sea brevemente en un somero análisis jurídico sobre si los hechos imputados por Uribe a las autoridades venezolanas -la actuación de la insurgencia colombiana en territorio venezolano-  podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad (art 7 del Estatuto):
“(…) se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población;  e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;  h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. “,
o crímenes de guerra (art. 8  del Estatuto), es decir, violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, lo primero que resulta destacable para cualquier observador es que los hechos criminales incluidos en la definición del tipo penal “crimen de lesa humanidad” antes indicado presentan bastante coincidencia  con las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia de forma habitual, violaciones imputadas mayoritariamente -por organismos internacionales, observatorios y organismos de derechos humanos- a las autoridades colombianas y sus agentes. Nunca ningún organismo internacional o de derechos humanos mínimamente prestigioso ha relatado crímenes con apariencia de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
Status del conflicto colombiano a la luz del Derecho Internacional Humanitario
Para nadie es un secreto que en Colombia existe un conflicto armado que encuadra en los parámetros legales establecidos en las Convenciones de Ginebra de 1949 y respecto al cual las partes implicadas tienen la obligación de reconocer y aplicar las previsiones legales contenidas en las mencionadas 4 Convenciones de Ginebra así como en los II Protocolos Adicionales de 1977.
Al respecto, establece el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas
de los conflictos armados sin carácter internacional:
“TITULO I: AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO
ARTICULO I Ambito de aplicación material.
1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo I del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I ) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.
2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.
Es una evidencia que dicho conflicto armado –que de una forma u otra ha venido manifestándose de forma ininterrumpida en el país desde finales del Siglo XIX hasta nuestros días, ya sea mediante la forma de guerras civiles o de guerra del estado contra fuerzas irregulares- es de enorme complejidad a la vista de los numerosos actores armados implicados – diversas organizaciones armadas ilegales como las FARC y el ELN, fuerzas del estado, ejércitos paramilitares diversos-  existiendo en la actualidad al menos dos bandos enfrentados – el estado colombiano, con la evidente connivencia de los ejércitos ilegales paramilitares correspondientes a organizaciones incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las AUC y las AUCC-  y organizaciones armadas insurgentes de carácter ilegal, también incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las FARC y el ELN.
En lo referido al objeto del análisis que nos ocupa – la posible comisión de delitos de lesa humanidad por la insurgencia colombiana y la hipotética responsabilidad en los mismos de autoridades venezolanas-  es conveniente recordar que la aparición de las FARC en el escenario colombiano se remonta a los años 60, cuando los restos de las antiguas guerrillas liberales campesinas se organizan como fuerzas de autodefensa para hacer frente a los escuadrones de la muerte, “los pájaros”, puestos en marcha por los terratenientes conservadores para exterminar a los dirigentes sociales campesinos simpatizantes del partido liberal.
Las FARC-EP inician sus actividades armadas, de manera ininterrumpida desde el 27 de mayo de 1964, iniciada por 48 campesinos – 46 hombres y 2 mujeres -, en Marquetalia (Tolima), ante lo que consideraban una agresión del estado y de los grandes propietarios latifundistas. Las FARC-EP manifiestan en ese momento que
“están ejerciendo los legítimos derechos de rebelión y autodeterminación de los pueblos, luchan por la construcción de una nueva Colombia, sin explotados ni explotadores, en paz, con dignidad y soberanía y por los derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos.”
En el posterior devenir histórico, las FARC-EP se han desarrollado y expandido por toda Colombia, consolidándose como una organización ilegal armada con más de 60 “frentes” que tiene presencia en toda la geografía nacional, por lo que pareciera se dan las premisas previstas en el antes citado artículo I del Protocolo II de 1977 para la aplicación al conflicto colombiano de las previsiones previstas en las Convenciones de Ginebra de 1949.
Las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano –FARC incluidas-  sin duda han incurrido e incurren en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando con ello numerosas víctimas entre la población civil. Para los organismos de derechos humanos colombianos más reputados, la responsabilidad de las violaciones graves del D.I.H. ocurridas en Colombia en 2007  se reparten de la siguiente forma, según el Informe “Noche y Niebla” del  CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús: del total de 1.670 violaciones del D.I.H. reportadas en 2.007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a “guerrilla” sin especificar.
Violación sistemática de los DDHH en Colombia verificada por organismos internacionales y ONG´s
La situación de los derechos humanos en Colombia es sumamente grave. Estos son vulnerados sistemáticamente por todas las partes en conflicto a la vez que incumplen sistemáticamente el D.I.H., no resultando un hecho objetivo ni verificable, por carente de sustento probatorio alguno, la afirmación de las autoridades colombianas de que las FARC o el ELN cometen sistemáticos crímenes de lesa humanidad o de guerra.
De los datos anteriores, se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN.  Desgraciadamente, todos los actores del conflicto colombiano –empezando por el propio estado- vienen utilizando métodos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como lo sustentan los siguientes documentos de organismos internacionales:  el Informe anual de Amnistía Internacional 2008, relata claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales siguen operando en la actualidad en muchas partes de Colombia con nombres nuevos, como los «Águilas Negras»,  manteniéndose los informes que señalan la connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad. El Departamento de Estado norteamericano, a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.
El grado de esta vinculación entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escándalo de la parapolítica, reflejado en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de 28 de febrero de 2008:
La Corte Suprema de Justicia inició investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 están en prisión. También se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupción. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado a través de alianzas con políticos y con el sostén de algunas empresas privadas.
Informes de la OEA y de la CIDH
Las consecuencias de este tipo de vínculos pudieron ser constatadas por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad
En el mismo informe de la OEA se destaca como la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se registraron algunos progresos en varios casos emblemáticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinación de responsabilidades en la cadena de mando.
En el mismo sentido, según el informe 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a la desmovilización de las AUC persiste la violencia derivada del conflicto armado. La CIDH continúa recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) y miembros de la fuerza pública continúan involucrados en la comisión de crímenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad:
El "Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" de la Vicepresidencia de la República (conforme a su metodología) señala que los primeros nueve meses de 2007 se habrían producido 13.023 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 21 casos de masacre con 98 víctimas. Por su parte, el CINEP (siguiendo su propia metodología de compilación y presentación de cifras) indica que en el primer semestre de 2007 se habrían producido 243 ejecuciones extrajudiciales; 231 homicidios intencionales de personas protegidas y 31 desapariciones forzadas. La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su práctica consistente.
Igualmente, durante el 2007 la CIDH constató el alto número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, tal y como ya hemos relatado en este articulo, destacando ahora lo que nos interesa: “los más de 2.500 casos constatados muestran lo que se denomina en Derecho Internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, acciones  que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a patrones comunes de actuación diseñados y realizados, al menos, por las autoridades civiles del Ministerio de defensa y los funcionarios militares del Ejército Nacional de Colombia, práctica que se ha mantenido en el tiempo y se ha producido en un gran número de departamentos de Colombia"
Podemos concluir que aún en el improbable supuesto de que Colombia llegue a interponer la denuncia anunciada por Uribe Vélez y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llegara a admitir la misma para sus estudio, difícilmente puede afirmarse que los crímenes de lesa humanidad o de guerra  perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidad de las organizaciones insurgentes, y ello a la vista de las innumerables pruebas -asumidas como propias por organismos internacionales multilaterales y de derechos humanos- que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas -en especial en el periodo 2002 al 2010- las mayores responsables de estos crímenes.
No se pierda de vista en el análisis de la realidad colombiana la “hoja de vida” arriba relatada del presidente Uribe y sus más que probables  nexos con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo. Por menos, el ex-presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por un tribunal de su país por delitos de lesa humanidad.  La carpeta caratulada con el nombre de Álvaro Uribe ya existe en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a América Latina.
*Enrique Santiago Romero
Abogado español, experto en derecho internacional.
Responsable de los servicios jurídicos del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA)
Formó parte del equipo jurídico que impulsó la querella que el 13 de octubre de 1998, condujo a la Audiencia Española a solicitar la detención, en  Londres, del exdictador chileno Augusto Pinochet y de otros exmilitares chilenos y argentinos responsables de la llamada “Operación Cóndor”.
Miembro de la Misión Internacional de Observación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la RED CIFCA, sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras tras el golpe de estado. Julio 2009.
Ha sido secretario de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Asistió en calidad de observador al referédum presidencial en Venezuela, en agosto de 2004, en representación de ONG´s y organizaciones sociales de España.

Por: Víctor J. Rodríguez Calderón

Con los invasores llegó la importación principal: La pobreza, la miseria, el dios armado. Nos llegó el derramamiento de la sangre india sobre la tierra llamada América. Nos llegó el sufrir, las lágrimas y lo más vil, pestilente y odioso: LA ESCLAVITUD.

Somos los desordenados de la historia porque nos levantamos contra cualquier dominación. Sufrimos la amarga censura de la conducta, de las costumbres, de las propensiones y aún de los alcances intelectuales por parte de aquellos que están fuera y desconocen o lo olvidan involuntariamente de cómo fue construido nuestro antiguo estado de barbarie. Fue la época en que vino un viento que nos llegó abocinando su garganta para cercar hostilmente a nuestros hombres y a nuestra tierra.

Para muchos historiadores, escritores, son temas frecuentes y en muchos libros de política, llenos de todo un espíritu crítico se nos censura la falta de madurez histórica resultantes de la transición operada en Latinoamérica, al pasar del régimen conquistador al colonial y luego al Republicano, sin tener supuestamente el conocimiento social necesario para que la transformación se hubiese producido armónicamente.

Creo que esa es la historia de los ojos cerrados. Para escribir historia no solo basta investigarla, es una necesidad sentirla, vivirla, para poder interpretarla, es necesario abrir los ojos para entrar en su escenario y analizar los acontecimientos reales, tal y como se desarrollaron.

Cuando los españoles pisaron nuestras tierras, se encontraron con diversas poblaciones que estaban en pleno proceso de desarrollo en cuanto a su propia cultura. Nuestras tierras vírgenes, eran ricas en minerales, sobre todo en oro y plata tan codiciados por aquellos que llegaban. Los pobladores de esta tierra se mantenían principalmente de la caza y la pesca, su producción agrícola totalmente rudimentaria era prácticamente de subsistencia, cultivaban el maíz, la papa, el boniato, calabaza y la yuca con la cual producían el casabe, el cual ingerían como una especie de pan. El tabaco fue una de las especies vegetales más impresionantes para aquellos que pisaron estas tierras.

Nuestros indígenas mantenían una conciencia colectiva. Su producción se distribuía de acuerdo a las necesidades de cada quién, la tierra era de todos y su única ambición era la de trabajarla. La mujer desempeñaba labores agrícolas junto al hombre y cuando éstos marchaban a sitios fuera de su jurisdicción para cazar y pescar. Ellas quedaban responsabilizadas del hogar. Imperaban relaciones de igualdad y ya existía una vigilancia para la seguridad social.

En esta cultura se fomentó también los estamentos de clase. Los caciques eran los jefes de tribus. Los curanderos, los médicos y sacerdotes, pero estos actuaban en nombre de la comunidad y la misma le otorgaba privilegios los cuales gozaban como derechos especiales.

Un sentido comercial humano era el que realizaban nuestros indios entre sus comunidades, los excedentes de la producción eran intercambiados mediante trueque de productos.

EL MUNDO IMAGINARIO

Un nuevo poder convertido en amos y señores pisaba nuestra tierra para su desgracia.

Nuestros indígenas vivían una libertad pura y una igualdad humana, por lo tanto aquello de: “indios salvajes” no se lo pueden tragar sino los ignorantes y rebuscadores de historia colonial. Era mentira que para salvarlos se necesitara cambiar su forma, su conducta, y sus creencias. La conquista traía claramente otros objetivos entre estos el principal: EL ECONOMICO.

Para este momento España vive su peor crisis, es la más pobre de toda Europa, a pesar de haber salido vencedora en la guerra contra los moros, los cuales la habían ocupado por siete siglos. Isabel y Fernando, los reyes católicos, sostenían contradicciones con la nobleza y los señores feudales. Una burguesía nueva surgía la cual se enriquecía con el comercio y mantenía estrecha relación con los monarcas. Conquistada Granada, el gigantesco aparato militar creado para la guerra quedaba fuera y demandaba del trono nuevas acciones importantes, la necesidad de nuevos mercados para expandir su comercio, la capitulación de Santa Fé, firmada por los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, en las que se establecían los títulos y riquezas que obtendría el futuro conquistador, fue para la historia, la demostración clara del carácter enteramente mercantil que se abalanzó para expropiar y explotar a nuestra comunidad primitiva, la que se preparó para una lucha bárbara y desigual. Así emergió el enemigo implacable: LA PROPIEDAD PRIVADA.

España nos trajo su cultura, una de las más avanzadas en ese momento para la humanidad; nos trajo el caballo, la caña de azúcar, y la aportación más grande para nuestro continente, la lengua y tras ella, la poesía, las artes; pero también el odio, la avaricia, la venganza y el azote del cielo, su religión. De hecho encontramos es la estructura histórica que el llamado descubrimiento no tuvo en ningún momento la intención propia de una aventura civilizadora preconcebida, sino un hecho circunstancial, provocado por una situación crítica de realidades políticas, económicas y sociales que diezmaba a la España de la época. De ahí que encontremos posiciones concretas para el fin propuesto tenazmente por Colón. No olvidemos los planificados viajes hacia el Asia, tráfico marítimo creciente e interés económico por vincular regiones separadas con fines de comercio, humanismo racionalista del Renacimiento, aparición oportuna de una monarquía fanáticamente católica nacida de la guerra de la conquista. La religión católica se enfrentaba a la contrarreforma protestante y era necesario amparados por los reyes inquisidores del catolicismo, la posibilidad de importarla para contrarrestar el avance contrarreformista.

En consecuencia el llamado descubrimiento del nuevo mundo, cristalizado por la naciente monarquía imperial española, se alimentó de la intuición de que el otro mundo que pregonaba su religión ya no estaba arriba, sino aquí, en estas tierras de “gracia”, tierras de “salvación”.

Así nos llegan las enfermedades, la ideología del mercantilismo, la conquista que muy diferente a otras, no fue sino el síndrome del conjunto de enfermedades que mataba a la España Imperial.

Un adelanto cultural, económico, social, impuesto con la espada y con la cruz se apropio de las tierras del sur, introdujeron la esclavitud, practicaron la persecución y el genocidio por medio de una política de sojuzgamiento y aniquilación. Nació el temor, el pecado, la paralización a nuestro propio desarrollo y se enyesó, se embalsamó nuestra propia forma de pensar y de defendernos.

Una conquista cruel, con “hombres de hierro” vino a desarrollar su locura. La corona trajo su propia violencia, su irresponsabilidad, su despotismo, su depravación. Ella dilapidó el inmenso tesoro que aquí en América encontró. El oro y la plata, motor celular de la conquista, fue la sentencia a muerte de los hombres de esta tierra de salvación.

Para España, América era una invención más, y bajo este concepto se realizaron los tratados “por la ley de la conquista”. En nuestra verdadera historia, no se encuentran más que manifestaciones tétricas de salvajismo. Todo se reduce a: matanza, exterminación, robo, pillaje, imposición, inquisición, racismo, explotación, usurpación e invasión.

Este es el verdadero destino que Colón nos trajo como desarrollo, como ayuda. Con los invasores llegó la importación principal: La pobreza, la miseria, el dios armado. Nos llegó el derramamiento de la sangre india sobre la tierra llamada América. Nos llegó el sufrir, las lágrimas y lo más vil, pestilente y odioso: LA ESCLAVITUD.

A quinientos veinte años terribles de invasión en Venezuela, no tenemos otro perfil, sino el del destino heredado. Ha cambiado el método, pero el sistema deshumanizado lo tenemos como maldición a nuestra espalda.

Quinientos quince años de atropellos en América, de saqueos, de injusticias. ¿No han sido suficientes? Ha volado la lentitud y todo se parece a la muerte, dentro de cada uno, lloramos como lo hacen nuestros volcanes para que sepa el mundo que somos Los Gigantes de las Cordilleras.

El silencio de algunos latinos, especialmente el de esta generación, no es otra cosa que la conformidad ante el temor y el vivir de rodillas ante la estupidez. Así es de clara la verdad aunque venga de una historia oscura. Ahora todos debemos despertar, latir entre nosotros y dejar establecido que somos los resurrectos de la nueva liberación Latinoamericana y del Caribe.

Ese sueño de tierra y libertad que intentaron nuestros aborígenes, no debe quedarse sentado en la mesa vacía que nos separó, pero que nos unió en el mismo castigo, si observamos, de Barcelona a Caracas, hablamos la misma lengua, lo que nos une a los pueblos de España, Latinoamérica y el Caribe, pero también existe otro lenguaje que ahora nos sienta en la misma mesa pobre del mundo: EL HAMBRE, LA MISERIA Y LA EXPLOTACION.